Por Yudelis Méndez
El debate sobre la libertad de expresión en la República Dominicana ha alcanzado un punto crítico tras la presentación del anteproyecto de ley que busca regular los servicios audiovisuales y las plataformas digitales.
Aunque el Poder Ejecutivo promueve la iniciativa como un esfuerzo necesario para modernizar el marco jurídico y adaptarlo a la era digital, diversos sectores de la sociedad civil, juristas y gremios periodísticos han encendido las alarmas, catalogando la propuesta como una "ley mordaza".
El trasfondo de la controversia radica en el delicado equilibrio entre regular el entorno virtual y otorgar al Estado herramientas que podrían derivar en censura y control político.
El peligro de la desindexación y la discrecionalidad normativa
Aunque el proyecto establece que se requerirá una orden judicial, analistas y gremios periodísticos advierten que figuras públicas o vinculadas a la corrupción podrían utilizar este mecanismo para obligar a borrar información histórica o de investigación, afectando gravemente la memoria colectiva y el periodismo de denuncia.
A pesar de que el anteproyecto prohíbe explícitamente la censura previa, la creación del Instituto Nacional de las Comunicaciones (INACOM) como el nuevo órgano regulador abre la puerta a la discrecionalidad. Las faltas graves contemplan la suspensión de transmisiones por hasta 90 días y multas severas de 30 a 200 salarios mínimos.
Entregar a un organismo de designación mayoritariamente política la facultad de sancionar económicamente o apagar un medio digital o audiovisual crea un efecto inhibitorio, es decir, de autocensura.
Impacto en las plataformas digitales
El intento de regular a las plataformas digitales e imponerles la obligación de identificar responsables legales permanentes en el país, bajo el argumento del "debido proceso" frente a los usuarios, resulta problemático.
Existe el riesgo de que, para evitar litigios locales o sanciones del INACOM, las grandes multinacionales tecnológicas opten por aplicar algoritmos de moderación hiperrestrictivos en el territorio dominicano, limitando el debate en redes sociales de manera automática.
Por otro lado, diversos sectores, incluyendo el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y agrupaciones civiles, han denunciado que el proyecto original fue consensuado principalmente con los dueños de los medios de comunicación tradicionales, es decir, de los grandes diarios, dejando de lado a creadores de contenido digital, comunicadores independientes y a la sociedad civil.
Los tres factores estratégicos del Poder Ejecutivo
El marcado interés del Poder Ejecutivo en empujar esta reforma responde a tres factores estratégicos clave:
Control del nuevo ecosistema informativo: El gobierno del PRM ya no libra sus batallas comunicacionales en la prensa escrita tradicional o en la televisión abierta. El terreno crítico se ha trasladado a los influencers, canales de YouTube, periódicos digitales y redes sociales. Al regular las "plataformas digitales", el Gobierno adquiere un marco jurídico para fiscalizar el espacio donde se forma la opinión pública real.
Modernización del aparato sancionador: Sustituir la anacrónica e inoperante Comisión de Espectáculos Públicos por el INACOM dota al gobierno de una herramienta institucional moderna, ágil y con dientes económicos para imponer su orden bajo conceptos ambiguos como el "buen uso del idioma" o los "símbolos patrios".
Legitimación internacional: Presentar la propuesta como una normativa alineada a los estándares de derechos humanos occidentales y a la agenda digital global le permite al Gobierno proyectar una imagen vanguardista y democrática, ocultando bajo el manto de la "actualización tecnológica" el incremento de sus facultades de control sobre el discurso público.
Una mordaza sigilosa
Gremios periodísticos, juristas y organismos internacionales advierten sobre una estabilidad precaria en el ejercicio informativo. Las razones por las cuales se alega que la libertad de expresión enfrenta riesgos reales en el país se resumen en cuatro frentes principales:
1. Asfixia financiera y control del relato
Vulnerabilidad económica: La migración masiva de la inversión publicitaria privada hacia las grandes plataformas globales (como Google o Meta) ha dejado a los medios locales en una posición de extrema fragilidad.
Fondos públicos como sumisión: Al depender críticamente de la publicidad gubernamental para subsistir, los medios se exponen a presiones comerciales y políticas de manera indirecta. Los críticos denuncian que la distribución discrecional de estos fondos funciona como un mecanismo de premio o castigo, condicionando la línea editorial o incentivando la complacencia frente al poder.
2. Amenazas del ecosistema legislativo
Riesgos de censura en nuevas normativas: La creación de organismos como el propuesto INACOM despierta suspicacias por otorgar poder punitivo y administrativo a entes con alta influencia política, capaces de suspender transmisiones bajo criterios ambiguos.
El dilema de la desindexación: El intento de normar el "derecho al olvido" genera el riesgo de que figuras bajo investigación o exfuncionarios utilicen herramientas legales para forzar la eliminación de contenidos de los buscadores, atentando contra el periodismo de denuncia.
3. Vigilancia, privacidad y acceso
Uso excesivo del poder estatal: Normativas previas o vigentes en el ámbito de la seguridad nacional (como los debates sobre la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI) han sido señaladas por ampliar el alcance del Estado para recopilar información de ciudadanos y comunicadores sin salvaguardas judiciales estrictas, vulnerando el secreto profesional de las fuentes.
Trabas burocráticas: A pesar de contar con marcos legales de transparencia, comunicadores e investigadores denuncian el incremento de obstáculos institucionales para obtener datos oficiales en tiempo y forma.
4. El efecto inhibitorio
Las demandas civiles por difamación o injuria, junto con el riesgo de perder el sustento comercial del medio por mantener una postura crítica, empujan a un fenómeno de autocensura. Los periodistas, ante el temor a represalias económicas o litigios desgastantes, optan por no profundizar en investigaciones de alto impacto.